La próxima ampliación del límite urbano de Santiago ha generado diversas opiniones en cuanto a los pro y contra de su aplicación. Por ejemplo, la propuesta destina casi un tercio de la superficie para áreas verdes y, bajo ese escenario, el principal desafío que ven desde la empresa de asesorías inmobiliarias AGS, es contar con un sustento legal que garantice su ejecución y mantención.
Fuente: Diario Financiero Martes 20 de mayo de 2008
Imagen: La comodificación de los territorios urbanizables y la degradación ambiental en Santiago de Chile. Scripta Nova. vol. IX, núm. 194 (68) 2005.
En el rubro inmobiliario estiman que las principales ventajas de ampliar el límite urbano de la capital están relacionadas a los terrenos, que dejarían espacio para desarrollar proyectos por seis años, con suelo urbano y a valores más bajos. Además, “los precios de las casas no deberían subir ya que no habría escasez de terrenos”, adelanta el director de la consultora Tinsa, Francisco Veliz.
Además, en el sector explican que los gestores deberán asumir las mitigaciones viales, ambientales y de infraestructura sanitaria, disminuyendo los costos del Estado, pese a que aún no existe la normativa que obligue al desarrollador a asumir sus externalidades.
¿Más alejados?
Entre las desventajas, se observa el mayor distanciamiento de la periferia de los centros productivos, aumentando los tiempos de viajes y el uso del automóvil, provocando mayor contaminación.
Sin embargo, en AGS argumentan que la localización alternativa para albergar a la demanda habitacional, si no se aprobara la propuesta del plan regulador, sería en zonas como Peñaflor, Melipilla, Talagante, Buin y Paine, distantes hasta 50 km. del actual radio urbano.
“La modificación no contempla zonas ubicadas a más de 3 km. del actual límite, minimizando así las obras de infraestructura y disminuyendo los costos de traslados”, explican.
Ante este panorama, se apunta a potenciar el desarrollo de subcentros, aunque para incentivar la migración de personas y empresas, se requiere aplicar el subsidio de renovación urbana, dice el presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), David Rodríguez.
"Un factor clave es la unificación de los planes reguladores comunales, que complementen intereses propios del municipio y las necesidades de la ciudad, y donde se involucren los municipios, el MOP y el Ministerio de Vivienda", acota.
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